Ismael Abeso Mbá Obono El Ministerio advierte a los responsables de centros públicos, reclama transparencia en los fondos de las APA y amplía el plazo de matrícula para evitar que ningún alumno quede fuera del sistema educativo.
El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha elevado el tono frente a las irregularidades denunciadas durante el inicio del curso escolar 2026-2027. El ministro de Estado de Educación, Ciencia, Juventud y Deportes, Clemente Engonga Nguema Onguene, ha advertido que los directivos de centros públicos que cobren cuotas de matrícula en los niveles en los que la enseñanza es gratuita podrán ser objeto de medidas disciplinarias, incluido su cese.
La advertencia fue trasladada durante la reunión mantenida con inspectores zonales y responsables de centros educativos nacionales, públicos y privados de la isla de Bioko, celebrada en Malabo, en un encuentro marcado por una preocupación central: el coste que afrontan las familias para escolarizar a sus hijos al comienzo del nuevo curso académico.
Según las informaciones difundidas tras la reunión, el ministro expresó la preocupación del Ejecutivo ante las denuncias sobre cobros en centros públicos y los elevados precios exigidos por algunos centros privados.
Tolerancia cero con los cobros en la enseñanza pública
Uno de los mensajes más contundentes estuvo dirigido a los responsables de centros públicos.
Engonga Nguema Onguene recordó el principio de gratuidad de la enseñanza en los niveles correspondientes y cuestionó que determinadas direcciones estén exigiendo pagos a las familias.
««La enseñanza es gratuita y obligatoria. Es sorprendente que en los centros públicos se estén cobrando cuotas en preescolar y primaria».»
El ministro anunció “medidas serias” contra quienes incurran en estas prácticas, llegando a advertir del posible cese de los directivos responsables.
La cuestión no es nueva. En años anteriores el Ministerio ya había advertido sobre el incumplimiento de la normativa educativa y sobre la exigencia de cantidades no autorizadas a las familias.
Las APA, bajo mayor control financiero
Otro de los asuntos abordados fue la gestión de los fondos de las Asociaciones de Padres y Tutores (APA).
El Ministerio ha planteado que estos recursos sean ingresados en cuentas bancarias oficiales, con el objetivo de reforzar la transparencia y evitar que el dinero sea gestionado de manera discrecional.
La advertencia del ministro fue especialmente directa al señalar que los fondos de las APA no pertenecen a los directivos de los centros.
La medida se inscribe en una línea de mayor control sobre la administración económica de los centros educativos y sobre las cantidades que se solicitan a las familias.
Los centros privados también están en el punto de mira
La intervención ministerial no se limitó a los centros públicos.
Respecto al sector privado, el Ministerio ha cuestionado los elevados costes de matriculación y ha pedido a los establecimientos educativos que faciliten el acceso de las familias mediante modalidades de pago más flexibles.
Además, se ha anunciado la ampliación del periodo de matrícula hasta el 15 de octubre de 2026, con el propósito de facilitar la incorporación de los alumnos al sistema educativo.
El objetivo expresado por el Ministerio es evitar que las dificultades económicas o administrativas terminen dejando a niños y adolescentes fuera de las aulas.
Docentes que abandonan sus destinos y aulas masificadas
Durante el encuentro también se abordaron otros problemas estructurales del sistema educativo.
Entre ellos figuran la negativa de algunos docentes a trabajar en zonas periféricas, el abandono de destinos oficiales, la masificación de determinadas aulas y la sobrecarga horaria del profesorado.
El ministro instó a los docentes a asumir la enseñanza como una responsabilidad profesional y social, y llamó a combatir prácticas de corrupción que puedan perjudicar el funcionamiento del sistema educativo.
Un problema que trasciende el precio de una matrícula
El debate abierto por el Ministerio coloca sobre la mesa una cuestión que afecta directamente a las familias: qué costes son legalmente exigibles para acceder a la educación y cuáles constituyen cobros indebidos.
La normativa educativa de Guinea Ecuatorial establece la gratuidad de la educación primaria y contempla asimismo la gratuidad de la educación preescolar pública. Organismos internacionales como UNESCO han recogido este marco jurídico en sus perfiles sobre el sistema educativo ecuatoguineano.
Por ello, el anuncio de posibles ceses supone algo más que una advertencia administrativa: representa un mensaje dirigido a los responsables de los centros para que ajusten sus actuaciones a la normativa vigente.
El desafío ahora: pasar del anuncio al control efectivo
La nueva posición del Ministerio abre una segunda cuestión: cómo se aplicarán estas medidas en los centros educativos de todo el país.
La supervisión de los cobros, la fiscalización de los fondos de las APA, el cumplimiento de los destinos docentes y el control de los precios de los centros privados requerirán mecanismos efectivos de inspección y seguimiento.
El inicio del curso 2026-2027 sitúa así a la administración educativa ante el reto de garantizar que las disposiciones anunciadas lleguen realmente a las familias y a las aulas.
Para el Gobierno, la prioridad declarada es clara: ningún niño debe quedar fuera de la escuela por razones económicas o por prácticas contrarias a la normativa educativa.
FUENTES CONSULTADAS
- Gobierno de Guinea Ecuatorial / Guinea Ecuatorial Press: información sobre las reuniones del Consejo Directivo del sector educativo y deportivo y las medidas de regulación del sistema educativo.
- UNESCO – Global Education Monitoring Report: información sobre el marco jurídico y la gratuidad de la educación en Guinea Ecuatorial.
