Ismael Abeso Mbá Obono En línea con su política de fortalecimiento institucional y optimización del gasto público, el Gobierno de Guinea Ecuatorial ha iniciado un proceso de revisión integral de los contratos de mantenimiento de los inmuebles y bienes propiedad del Estado.
Este lunes, S.E. Teodoro Nguema Obiang Mangue convocó al Director General de Servicios de Mantenimiento y Conservación de Inmuebles del Estado, Tomi Mba Obono, con el objetivo de solicitar un informe detallado sobre los contratos vigentes y proceder a su evaluación técnica y administrativa.
Auditoría para fortalecer la gestión pública
La iniciativa busca conocer con precisión el número total de empresas contratadas, su situación legal, los servicios que prestan, la nómina de cada entidad y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. El propósito es reforzar la transparencia, garantizar la legalidad y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente.
Según el informe preliminar presentado, el Ejecutivo mantiene contratos con cerca de 400 empresas que prestan servicios en aproximadamente 6.800 inmuebles y unidades administrativas, además del mantenimiento de carreteras en todo el territorio nacional.
Durante la revisión inicial del documento, se detectaron posibles desajustes en algunos presupuestos asignados. Entre los casos observados figura la equiparación del coste mensual de mantenimiento —8 millones de francos CFA— entre el paseo marítimo de Malabo, con una extensión de 6 kilómetros, y el de Cogo, de menos de un kilómetro.
También se solicitaron aclaraciones sobre los montos destinados al mantenimiento de instalaciones como el Centro de Transfusión Sanguínea de Malabo, el CNEDOGE y la Delegación Regional de Asuntos Exteriores en Bata.
Supervisión técnica y verificación sobre el terreno
Ante estas observaciones, el Vicepresidente requirió un informe exhaustivo que detalle los criterios de adjudicación de contratos y la correspondencia entre los servicios prestados y los montos asignados.
Como parte del proceso de verificación, se prevé la conformación de una comisión que realizará visitas técnicas a las empresas contratadas, con el fin de constatar sobre el terreno la calidad y alcance de los trabajos ejecutados.
El Ejecutivo ha reiterado que las empresas que no cumplan con los requisitos legales y técnicos establecidos deberán ajustarse a las nuevas exigencias o, en su defecto, perderán sus contratos. La prioridad, según se ha subrayado, es proteger los recursos del Estado y consolidar un modelo de gestión pública basado en la eficiencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas.
Con esta medida, el Gobierno reafirma su compromiso con una administración más rigurosa, moderna y orientada a resultados, fortaleciendo la confianza ciudadana en la gestión de los bienes públicos.
