Ismael Abeso Mbá Obono El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) tiene capacidad para 5.100 internos y forma parte de la estrategia costarricense para combatir la delincuencia organizada.
Costa Rica ha inaugurado el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una infraestructura penitenciaria de máxima seguridad inspirada en el modelo impulsado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
La inauguración, encabezada por la presidenta costarricense, Laura Fernández, representa un nuevo paso en la estrategia del país centroamericano para reforzar el control penitenciario y combatir las organizaciones criminales.
Según las informaciones publicadas sobre el proyecto, el complejo dispone de capacidad para aproximadamente 5.100 reclusos y ha supuesto una inversión de 16.774 millones de colones costarricenses, equivalentes a unos 35 millones de dólares.
La prisión está situada en San Rafael de Alajuela, cerca del complejo penitenciario La Reforma, y se ha concebido para albergar a personas consideradas de alta peligrosidad.
UNA RESPUESTA AL DESAFÍO DE LA CRIMINALIDAD
Costa Rica ha afrontado en los últimos años un aumento de la preocupación pública por la violencia y la actividad de organizaciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. En este contexto, las autoridades han apostado por reforzar la capacidad penitenciaria y el control sobre los internos de mayor peligrosidad.
La iniciativa toma como referencia el modelo de seguridad de El Salvador, cuyo Gobierno ha desarrollado una política de encarcelamiento masivo contra las pandillas y ha construido el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de gran capacidad.
El modelo salvadoreño ha sido asociado por las autoridades del país con una importante reducción de los homicidios. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, malos tratos y otras vulneraciones de derechos en el marco de las medidas de excepción.
LA EFICACIA DEL NUEVO CENTRO, PENDIENTE DE EVALUACIÓN
La inauguración del CACCO constituye un paso en la política penitenciaria costarricense, pero su impacto deberá evaluarse mediante resultados verificables, como la evolución de los homicidios, la reducción de la actividad criminal organizada y la capacidad de impedir que los internos continúen dirigiendo delitos desde prisión.
La apertura de la instalación también reaviva el debate sobre cómo equilibrar la seguridad ciudadana, la eficacia de las instituciones penitenciarias y el respeto a las garantías judiciales.
