Ismael Abeso Mbá Obono La reciente Orden Ministerial Nº 2/2025, emitida por el Ministerio de Justicia, Culto y Derechos Humanos, marca un punto de inflexión en la forma en que Guinea Ecuatorial concibe la relación entre el poder público y el liderazgo religioso. Lejos de ser una medida contra la fe, esta disposición invita a una reflexión madura sobre los límites necesarios entre autoridad civil y autoridad espiritual.
Durante años, nuestra sociedad ha normalizado una realidad compleja: servidores públicos que, además de ejercer funciones de Estado, asumían roles de pastores, líderes o administradores de congregaciones religiosas. Aunque en muchos casos estas prácticas nacían de la vocación personal, también generaban confusión de roles, tensiones internas en las iglesias y una percepción desigual del ejercicio de la libertad religiosa.
La fe, por su naturaleza, debe ser espacio de igualdad, refugio moral y lugar de consuelo para todos, sin que la jerarquía política o militar influya en la vida espiritual de los creyentes. Cuando quien predica también ostenta poder institucional, el mensaje corre el riesgo de perder su esencia: deja de ser palabra que acompaña y puede convertirse, consciente o inconscientemente, en palabra que condiciona.
Desde esta perspectiva, la orden ministerial no debe leerse como una prohibición hostil, sino como un acto de ordenamiento social. El Estado cumple así su papel de árbitro, garantizando que ninguna confesión religiosa sea instrumentalizada ni que la autoridad pública se traslade a espacios donde debe primar la libertad de conciencia.
Asimismo, la medida protege al propio funcionario público. Separar claramente ambas funciones evita conflictos éticos, sospechas de favoritismo y posibles abusos de poder. Un servidor del Estado gana credibilidad cuando su labor se limita al ámbito para el que ha sido designado, y un líder religioso fortalece su legitimidad cuando su autoridad nace únicamente de la fe y del consenso de su comunidad.
En una Guinea Ecuatorial plural, donde conviven diversas confesiones y sensibilidades espirituales, esta regulación puede contribuir a una convivencia más sana, a comunidades religiosas más autónomas y a un Estado más neutral y respetuoso con todas las creencias.
El desafío ahora no está solo en aplicar la norma, sino en acompañarla de pedagogía social, diálogo y responsabilidad compartida. La fe no desaparece porque se regulen los cargos; al contrario, puede purificarse y reencontrarse con su misión más profunda: servir al ser humano, no al poder.
Separar caminos no siempre significa dividir; a veces, es la mejor manera de que cada uno cumpla su misión con mayor verdad. Una Guinea mejor también se construye así: con instituciones fuertes, religiones libres y ciudadanos conscientes.
