Ismael Abeso Mbá Obono El delegado Regional de Justicia para la Región Continental, Lorenzo Obama Mbá Obono, exige a los funcionarios bajo su jurisdicción respetar los mecanismos oficiales de pago y advierte de consecuencias ante posibles incumplimientos.
La Delegación Regional de Justicia para la Región Continental ha reforzado el llamamiento al estricto cumplimiento de las disposiciones que regulan los cobros en la Administración Pública, con especial atención a la prohibición de recibir dinero en efectivo por los servicios administrativos.
Durante una reunión de trabajo celebrada en su despacho, el delegado Regional de Justicia, Lorenzo Obama Mbá Obono, recordó a los funcionarios bajo su jurisdicción que las operaciones vinculadas a ingresos públicos deben realizarse mediante los canales oficiales establecidos por el Estado, de acuerdo con la normativa vigente.
La medida tiene como referencia la Orden de la Presidencia del Gobierno n.º 3/2025, de 10 de septiembre, que prohíbe la recaudación o cobro en efectivo de impuestos, tasas fiscales y parafiscales, contribuciones especiales y otros ingresos de la Administración Pública. La disposición fue adoptada dentro de las reformas orientadas a reforzar la transparencia, la trazabilidad de los recursos públicos y la modernización de los procedimientos administrativos.
Una obligación administrativa
En su encuentro con los funcionarios, Obama Mbá Obono subrayó que el cumplimiento de esta disposición no constituye una recomendación, sino una obligación derivada de la normativa administrativa.
En este sentido, insistió en que ningún funcionario debe recibir o exigir directamente dinero en efectivo por los servicios que presta la Administración, debiendo orientar a los usuarios hacia los procedimientos y canales de pago oficialmente habilitados.
La propia Orden n.º 3/2025 establece que todo pago debe estar acompañado de un comprobante válido y contempla mecanismos destinados a garantizar la identificación de las operaciones y su correspondiente trazabilidad. La norma también prevé excepciones transitorias para determinados servicios de venta de efectos de valor en lugares sin sistemas bancarios o digitales, bajo procedimientos específicos de control.
Más control y trazabilidad
La prohibición forma parte de un proceso más amplio de transformación de la gestión de los ingresos públicos. Cuando la medida fue estudiada por el Gobierno en septiembre de 2025, se señaló expresamente la necesidad de reducir los riesgos asociados a las operaciones en efectivo y facilitar el seguimiento de las transacciones administrativas.
La aplicación efectiva de estas disposiciones coloca a los responsables de las diferentes administraciones ante una doble responsabilidad: cumplir la normativa y garantizar que el ciudadano conozca correctamente los procedimientos establecidos.
En el ámbito de Justicia, el mensaje trasladado por la Delegación Regional apunta precisamente a reforzar esta cultura administrativa, de modo que los servicios públicos se presten dentro de los cauces establecidos y las operaciones económicas puedan quedar debidamente documentadas.
Advertencia ante posibles incumplimientos
Durante la reunión, el delegado Regional advirtió igualmente de que el incumplimiento de las disposiciones vigentes puede dar lugar a las correspondientes responsabilidades administrativas.
El objetivo, en este contexto, no se limita a impedir el uso de dinero en efectivo, sino a consolidar procedimientos que permitan una Administración más controlable, documentada y transparente, especialmente en aquellas actuaciones que impliquen ingresos públicos.
La iniciativa de la Delegación Regional de Justicia sitúa así el cumplimiento de la normativa sobre cobros dentro de la gestión ordinaria de los servicios públicos y del proceso de modernización administrativa que impulsa el Estado.
