En las inmediaciones de los bancos de Malabo, la limosna tiene un rostro reconocible: el de un menor sostenido en brazos, muchas veces dormido, otras veces demasiado quieto para su edad. La escena se ha vuelto parte del paisaje urbano, tan frecuente que ya no sorprende, tan repetida que empieza a generar más preguntas que respuestas.
El niño no pide. No habla. No decide. Su sola presencia cumple una función: despertar compasión. Se convierte en un recurso silencioso, en una herramienta emocional que acompaña el gesto de pedir. Para quien observa, el mensaje es claro: no se trata solo de una mujer necesitada, sino de una vida inocente que depende de la ayuda inmediata.
Sin embargo, esa imagen, lejos de provocar una solidaridad espontánea y duradera, ha ido sembrando «la sospecha». Muchos ciudadanos reconocen a las mismas mujeres ocupando los mismos espacios, con los mismos argumentos, durante meses e incluso años. Los menores cambian, crecen o se sustituyen, pero la escena permanece intacta. Es ahí donde la caridad empieza a resquebrajarse.
En Malabo, cada vez más personas se preguntan si esos niños son realmente hijos de quienes los sostienen, si están siendo protegidos o utilizados, si la limosna que se entrega contribuye a aliviar una necesidad real o a perpetuar un circuito de explotación. La posible trata o instrumentalización de menores se menciona en conversaciones informales, no siempre con pruebas, pero sí con una inquietud creciente que erosiona la confianza colectiva.
El dilema es profundo. Dar una moneda puede significar aliviar el hambre de hoy, pero también puede reforzar una práctica que normaliza la exposición de menores al sol, al ruido, al cansancio y a la calle. No darla, en cambio, obliga a endurecer el gesto y la mirada, a convivir con la culpa de ignorar una realidad que sigue siendo humana y dolorosa.
Así, la limosna deja de ser un acto simple. Se transforma en una decisión cargada de implicaciones éticas. La compasión lucha contra la sospecha, y muchas veces pierde. No porque la sociedad se haya vuelto insensible, sino porque ha aprendido —a la fuerza— a desconfiar de una escena que se repite sin cambios visibles ni soluciones estructurales.
Lo más preocupante no es solo la pobreza expuesta, sino la normalización del uso de menores como argumento de supervivencia. Cuando la infancia se convierte en moneda emocional, la sociedad entera fracasa: fallan los mecanismos de protección, fallan las políticas sociales y falla una solidaridad que ya no sabe cómo actuar sin hacer daño.
En Malabo, frente a los bancos, la pregunta ya no es quién da o quién no da limosna, sino qué estamos permitiendo cuando aceptamos que un niño sea parte del precio de la compasión.