Jose Pilar Abo Hay imágenes que no necesitan titulares rebuscados. Una mesa cualquiera, una papelera rosa aburriendo en silencio y a su lado, una cantidad llamativa de documentos personales amontonados, olvidados, por sus dueños. Lo que se ve ahí no es solo desorden; es una radiografía incómoda de hábitos ciudadanos que no terminan de madurar.
En ese conjunto aparecen pasaportes, Documentos de Identidad entidad Personal (DIP), carnés de distintas instituciones, tarjetas sanitarias, credenciales de biblioteca y otros identificadores oficiales. Cada uno con un rostro diferente, un nombre, una historia. Sin embargo, todos comparten el mismo destino momentáneo: el abandono.
Y lo más inquietante no es que se pierdan, sino que nadie los reclame.
Resulta inevitable preguntarse por qué, existiendo puntos habilitados en medios públicos como TVGE, o RNGE o privados como Asonga, muchos ciudadanos no acuden en masa a revisar si sus documentos han sido recuperados ¿Desconocimiento? ¿Desinterés? ¿Falta de cultura cívica? Tal vez un poco de todo.
Pero también hay otro aspecto: la tendencia a subestimar la importancia de la identidad documental hasta que se convierte en problema.
Porque perder un pasaporte o un DIP no es un simple descuido doméstico; es abrir la puerta a complicaciones administrativas, suplantaciones o limitaciones en la vida cotidiana. Y, aun así, la respuesta colectiva sigue siendo inquietante e indiferente. Es como si esos documentos, una vez fuera del bolsillo, dejaran de existir también en la conciencia del ciudadan que los pierde.
Aquí surge otra pregunta que merece ser planteada con la misma urgencia con la que se pierden estos documentos:
¿por qué no se incluyen números de teléfono en documentos como el DIP o el pasaporte para facilitar la localización de sus propietarios en caso de extravío?
A primera vista, la idea parece lógica, casi evidente. Sin embargo, no es tan simple. En muchos países, la inclusión de datos personales adicionales en documentos oficiales está sujeta a estrictas normativas de protección de datos. El teléfono es un dato sensible, dinámico y fácilmente vulnerable a usos indebidos. Incorporarlo en un documento que puede ser perdido o robado podría exponer al titular a riesgos como fraudes o acoso. Más que una prohibición absoluta, lo que suele existir es una política de minimización de datos: incluir solo lo estrictamente necesario para la identificación formal.
Eso no significa que no haya margen para soluciones creativas. Sistemas complementarios, registros digitales o plataformas de recuperación podrían ofrecer ese puente entre el documento perdido y su dueño, sin comprometer la seguridad.
Pero volvamos al tema. Esos documentos sobre la mesa no llegaron ahí solos. Son el resultado de descuidos individuales y, al mismo tiempo, de una desconexión colectiva con los mecanismos de recuperación existentes. Los medios de comunicación han abierto una puerta, pero la ciudadanía no termina de cruzarla.
Quizá el problema no sea solo de ignorancia, sino de hábito. No se ha construido aún una cultura de búsqueda activa, de responsabilidad posterior a la pérdida. Se pierde el documento y, con él, la iniciativa.
La mesa seguirá llenándose si no cambia esa mentalidad. Y cada nuevo carnet olvidado no será solo un objeto extraviado, sino otra pequeña evidencia de que la identidad, en ocasiones, pesa menos de lo que debería.
Redacción:+240555439637
