Ismael Abeso Mbá Obono En toda sociedad moderna, la administración pública debería sustentarse sobre principios claros de mérito, experiencia, capacidad técnica y respeto a la legalidad. Sin embargo, en muchos contextos africanos — y Guinea Ecuatorial no escapa a esta realidad — continúa abierto el debate sobre las promociones y nombramientos dentro de determinadas instituciones del Estado, donde a menudo las recomendaciones personales, vínculos familiares o amistades terminan pesando más que la preparación profesional y la antigüedad administrativa.
El filósofo Immanuel Kant sostenía que “vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros”. Una reflexión que, trasladada al ámbito institucional, invita a analizar cómo muchas veces las decisiones administrativas son interpretadas desde emociones, intereses o afinidades personales, dejando en segundo plano el interés general y el reconocimiento del talento técnico.
En Guinea Ecuatorial existe un creciente número de jóvenes profesionales formados dentro y fuera del país, especialistas en administración pública, derecho, economía, salud, ingeniería, educación, diplomacia y otras áreas estratégicas. Muchos de ellos acumulan años de servicio, experiencia y expedientes académicos destacados. Sin embargo, no siempre logran acceder a puestos de responsabilidad o ascensos acordes a su perfil profesional.
La cuestión que surge entonces es inevitable: ¿se están valorando suficientemente las competencias técnicas y la antigüedad contempladas en la Ley de Funcionarios Civiles del Estado? ¿O continúan predominando criterios subjetivos basados en recomendaciones particulares?
EL JEFE DE ESTADO NO CONOCE A TODOS LOS FUNCIONARIOS
Conviene aclarar un aspecto fundamental que frecuentemente se distorsiona en la opinión pública. El Presidente de la República, Jefe de Estado y del Gobierno, no conoce personalmente a todos los funcionarios civiles y militares del país. La estructura administrativa del Estado funciona mediante propuestas elevadas desde ministerios, direcciones generales, consejos administrativos y otros departamentos competentes.
Esos órganos son los encargados de identificar perfiles, evaluar trayectorias y presentar candidatos para determinadas responsabilidades. Por ello, atribuir exclusivamente al Jefe de Estado la totalidad de las decisiones administrativas resulta una simplificación injusta de una realidad mucho más compleja.
La Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, en su artículo 41, inciso h, otorga al Presidente de la República la facultad de nombrar altas personalidades civiles y militares del Estado. No obstante, dichas designaciones suelen sustentarse en informes, recomendaciones y propuestas elaboradas previamente por responsables sectoriales.
Y es precisamente ahí donde muchos ciudadanos sitúan el núcleo del problema.
ENTRE LA CONFIANZA Y EL FAVORITISMO
En diversos sectores administrativos se observa cómo algunas propuestas priorizan relaciones de cercanía, vínculos familiares o amistades políticas antes que criterios estrictamente profesionales. Esta práctica genera frustración entre técnicos cualificados que, pese a reunir experiencia, formación y años de servicio, quedan relegados frente a perfiles menos preparados, pero mejor conectados.
El fenómeno no solo afecta a la motivación del funcionariado, sino también al rendimiento institucional. Cuando los cargos estratégicos no recaen sobre los profesionales más capacitados, las consecuencias terminan repercutiendo en la calidad de los servicios públicos y en la eficacia del propio Estado.
La administración moderna exige especialización. Un técnico sanitario comprende las dinámicas del sistema de salud; un jurista domina los procedimientos legales; un economista entiende las políticas financieras; un profesional de educación conoce las necesidades pedagógicas. Ignorar esa lógica técnica debilita las instituciones y ralentiza el desarrollo nacional.
LA ANTIGÜEDAD Y EL MÉRITO COMO GARANTÍA DE ESTABILIDAD
La Ley de Funcionarios Civiles de la República de Guinea Ecuatorial contempla principios relacionados con la antigüedad, la experiencia y la carrera administrativa. Estos elementos no son simples formalidades burocráticas; representan mecanismos destinados a garantizar estabilidad institucional, profesionalización y justicia laboral.
Reconocer la trayectoria de los servidores públicos también fortalece la confianza en el Estado. Cuando un funcionario observa que el esfuerzo, la formación continua y la disciplina tienen recompensa, aumenta su compromiso con la institución y con el país.
Por el contrario, cuando prevalece la percepción de arbitrariedad, favoritismo o promoción selectiva, aparece el desencanto profesional y se debilita la cultura del mérito.
UNA REFLEXIÓN NECESARIA PARA EL FUTURO
Guinea Ecuatorial atraviesa una etapa donde el fortalecimiento institucional y la preparación técnica resultan fundamentales para afrontar los desafíos económicos, sociales y administrativos del futuro. En ese contexto, apostar por los profesionales formados y respetar los mecanismos legales de promoción no debería verse como un privilegio, sino como una necesidad estratégica nacional.
La culpa, probablemente, no recaiga únicamente sobre quien firma el decreto final. En muchas ocasiones, el verdadero filtro se encuentra en los niveles intermedios de decisión, donde se elaboran listas, informes y recomendaciones.
Por ello, el debate nacional debería orientarse menos hacia la confrontación política y más hacia la construcción de una administración basada en transparencia, capacidad y justicia profesional.
Porque un Estado fuerte no se construye solamente con autoridad, sino también con instituciones que sepan reconocer y aprovechar el talento de sus propios ciudadanos.
