Ismael Abeso Mbá Obono EL GOBIERNO ENDURECE LOS CONTROLES SOBRE LAS CONGREGACIONES RELIGIOSAS TRAS EL ASESINATO DE UNA MENOR EN YAUNDÉ Y EXIGE EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
El Gobierno de Camerún ha anunciado el cierre progresivo de 1.400 iglesias de avivamiento que, según las autoridades, operan sin autorización legal en distintas regiones del país. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Administración Territorial (MINAT), en el marco de una política destinada a reforzar el control sobre las organizaciones religiosas y garantizar el cumplimiento de la normativa nacional.
La medida se produce días después del asesinato de una niña de 11 años en Yaundé, un caso que, según las investigaciones preliminares citadas por las autoridades, estaría relacionado con prácticas desarrolladas en el entorno de una congregación religiosa. Este hecho ha acelerado la decisión del Ejecutivo de intensificar la supervisión de las iglesias que funcionan al margen de la legislación.
El ministro de Administración Territorial, Paul Atanga Nji, recordó que la legislación camerunesa establece que las confesiones religiosas deben obtener reconocimiento oficial mediante decreto presidencial para ejercer legalmente sus actividades. Asimismo, advirtió que el período de tolerancia administrativa ha concluido y que el Estado hará cumplir la ley en todo el territorio nacional.
Las autoridades también han solicitado un mayor control sobre la formación de los líderes religiosos, la identificación de los responsables de las congregaciones y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión para prevenir abusos y proteger a los ciudadanos.
Esta decisión se enmarca en una política que el Gobierno camerunés viene aplicando desde finales de 2024 para regularizar el funcionamiento de los lugares de culto. En febrero de 2025 ya fueron clausuradas numerosas iglesias no autorizadas en distintos distritos de Yaundé como parte de la misma estrategia.
El anuncio ha generado un amplio debate en Camerún entre quienes respaldan un mayor control institucional para evitar fraudes y abusos, y quienes consideran que las medidas deben aplicarse garantizando plenamente el derecho a la libertad religiosa reconocido por la Constitución del país.
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