EL INFORME DE AUDITORÍA DETECTA PRESUNTAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS POR UN IMPORTE SUPERIOR A LOS 502 MILLONES DE FRANCOS CFA
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Evuy Nguema Mikue, dispondrá de una semana adicional para presentar la documentación que permita aclarar las observaciones formuladas por la Comisión Especial de Auditoría sobre la gestión financiera de la institución.
La decisión fue adoptada este viernes durante una reunión informativa celebrada en la Presidencia del Gobierno, con la participación del Primer Ministro del Gobierno, Encargado de la Coordinación Administrativa, el Ministro de Estado de Seguridad Nacional, el Ministro Secretario General de la Presidencia del Gobierno, el Fiscal General de la República y los miembros de la comisión encargada de la auditoría.
Según el informe preliminar presentado por la Comisión Especial, la revisión de las cuentas de la Corte Suprema identifica diversas observaciones administrativas y financieras que afectan a la gestión de la institución, entre ellas presuntos pagos irregulares de salarios, deficiencias en la administración de la caja chica, gastos pendientes de justificar y posibles sobrecostes relacionados con la organización de las ceremonias de apertura de los años judiciales.
La auditoría fue ordenada tras diversas denuncias formuladas por miembros del propio estamento judicial sobre la gestión de los recursos económicos de la máxima institución jurisdiccional del país.
De acuerdo con las conclusiones preliminares de la comisión, las observaciones económicas superan los 502 millones de francos CFA, cantidad cuya justificación documental ha sido requerida al presidente de la Corte Suprema.
Durante la reunión, Francisco Evuy Nguema Mikue presentó explicaciones sobre algunos de los aspectos señalados en el informe y solicitó un plazo adicional para recopilar y aportar la documentación que respalde sus alegaciones.
Tras valorar la petición, la comisión acordó concederle un plazo de una semana, periodo en el que deberá presentar los documentos justificativos correspondientes o proceder, en su caso, a la regularización de las cantidades que no puedan ser debidamente acreditadas, conforme a los procedimientos legales y administrativos establecidos.
Las autoridades han señalado que la reunión se desarrolló en un ambiente de diálogo institucional y cooperación, reiterando que el objetivo del proceso es garantizar la transparencia, la correcta administración de los recursos públicos y el respeto a los principios de legalidad y rendición de cuentas.
El desarrollo de este expediente continuará en los próximos días, una vez concluya el plazo concedido para la presentación de la documentación requerida, momento en el que las autoridades competentes determinarán las actuaciones que correspondan conforme a la legislación vigente.