La digitalización del Boletín Oficial del Estado puede facilitar también la recuperación, organización y consulta de normas históricas que todavía forman parte del patrimonio jurídico y administrativo del país.
La puesta en marcha del Boletín Oficial del Estado (BOE) en formato digital constituye un paso importante para facilitar el acceso de la ciudadanía a las disposiciones legales y reforzar la transparencia de la actividad pública.
Según la información oficial, el nuevo portal permitirá consultar gratuitamente leyes, decretos-leyes, decretos, órdenes ministeriales y circulares, así como realizar búsquedas de publicaciones anteriores. El acceso podrá realizarse desde teléfonos móviles, tabletas y ordenadores con conexión a internet.
Sin embargo, esta nueva herramienta abre también una cuestión de especial interés para la modernización de la Administración: ¿cómo recuperar y poner a disposición de las nuevas generaciones todo el patrimonio normativo publicado antes de la era digital?
Guinea Ecuatorial cuenta con disposiciones aprobadas en diferentes etapas de su historia institucional que fueron publicadas en soportes físicos y que, en algunos casos, no resultan fácilmente accesibles para ciudadanos, funcionarios, investigadores y estudiantes.
Entre ellas pueden encontrarse normas vinculadas a la organización territorial del Estado, la Administración Local y los diferentes modelos de organización administrativa que ha conocido el país.
Un ejemplo que merece especial atención son determinadas disposiciones de los primeros años de la década de 1980 relativas a la organización de la Administración Territorial. Los estatutos y normas relacionados con los gobernadores y delegados de Gobierno de aquella etapa constituyen una parte de la evolución institucional del país y merecen ser localizados, digitalizados y contextualizados.
En aquel periodo, la denominación de determinadas autoridades territoriales era diferente a la utilizada actualmente, con referencias a los administradores de distrito, entre otras figuras administrativas. La recuperación documental de estas normas permitiría conocer mejor cómo ha evolucionado la estructura territorial hasta llegar al actual modelo de gobernadores, delegados de Gobierno, distritos urbanos y demás órganos de la Administración Territorial.
También resulta de interés la localización y digitalización de las disposiciones relacionadas con la creación y organización de cuerpos especiales de la Administración Territorial y Local, así como otras normas que hayan regulado históricamente el funcionamiento de la Administración Pública.
Digitalizar no significa necesariamente actualizar
La digitalización de una norma histórica no debe confundirse con su actualización jurídica.
Una disposición puede ser incorporada al archivo digital como documento histórico, aunque posteriormente haya sido modificada, sustituida o derogada. Precisamente por ello, sería útil que el futuro repositorio pudiera indicar, cuando sea posible, la fecha de aprobación, publicación, modificaciones posteriores, derogaciones y relación con las normas que la sustituyeron.
Esta información permitiría al ciudadano distinguir entre una norma histórica conservada como referencia documental y una disposición actualmente vigente.
Una memoria normativa para la Administración
El proceso podría convertirse también en una herramienta de investigación para universidades, funcionarios, juristas, periodistas y estudiantes de Administración Pública.
La recuperación sistemática de decretos, leyes, órdenes ministeriales y demás disposiciones anteriores a la digitalización permitiría construir una memoria normativa de Guinea Ecuatorial, facilitando el estudio de la evolución de sus instituciones y de la Administración Pública.
En el ámbito de la Administración Territorial, esta documentación puede tener un valor añadido para comprender la transformación de las estructuras administrativas desde los primeros años de la independencia hasta el modelo actual.
La iniciativa del BOE digital ya supone, según el Gobierno, un avance en la modernización de la Administración, la transparencia y la buena gobernanza.
El siguiente paso podría ser que esa modernización no se limite a publicar las nuevas disposiciones, sino que permita rescatar, ordenar y digitalizar la memoria legal del país, garantizando que las normas de ayer puedan ser consultadas con facilidad por las generaciones de hoy y de mañana.
Porque modernizar la Administración también significa conservar su memoria institucional.