Ismael Abeso Mbá Obono Dos recientes detenciones difundidas por Asonga Noticias vuelven a poner sobre la mesa una cuestión urgente: la protección de los menores no puede comenzar después de que ocurra el daño.
Dos casos difundidos este martes por Asonga Noticias, relacionados con presuntos delitos sexuales contra menores de edad, vuelven a abrir un debate que debe ir más allá de las detenciones: ¿quién denuncia cuando una niña, un niño o un adolescente está en situación de riesgo? ¿A quién se debe acudir? ¿Hay que esperar a que ocurra una agresión para actuar?
En uno de los casos difundidos, se informa de la detención de un hombre de 43 años por un presunto delito sexual contra una menor de 12 años. En otro, de un joven de 23 años por un presunto delito sexual contra una menor de 15 años.
Al tratarse de investigaciones en curso, corresponde a las autoridades determinar los hechos y responsabilidades. La detención o una declaración policial no equivalen por sí mismas a una condena.
Pero los casos plantean una cuestión fundamental: la protección de la infancia debe comenzar ante la primera señal de peligro, no únicamente después de consumarse un posible delito.
¿QUIÉN DENUNCIA A QUIÉN?
Esta es una de las preguntas que como sociedad debemos explicar mejor.
No es necesario que la víctima menor de edad sea quien formalmente denuncie. Padres, tutores, familiares, profesores, vecinos, profesionales sanitarios, autoridades comunitarias o cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha razonable de una situación de abuso puede alertar a las autoridades competentes.
De hecho, el marco de protección de menores de Guinea Ecuatorial contempla la obligación de denunciar determinados comportamientos relacionados con el abuso, acoso o explotación sexual de menores.
Por tanto, la pregunta no debería ser únicamente “¿por qué no denunció la víctima?”, sino también:
¿Quiénes estaban alrededor de esa menor y qué hicieron cuando aparecieron las primeras señales?
¿HAY QUE ESPERAR A QUE OCURRA EL ABUSO?
No. Si existe una situación de riesgo, acercamientos sexuales inapropiados, amenazas, coacciones, intercambio de mensajes de contenido sexual con un menor, intentos de aislamiento o cualquier conducta que genere preocupación por la integridad de un niño o adolescente, lo responsable es comunicarlo cuanto antes a las autoridades competentes.
La Unidad Especial de Protección de Menores (UEPM), integrada por efectivos especializados de la Policía Nacional y la Gendarmería, fue creada precisamente para reforzar la prevención, detección y actuación ante situaciones de vulneración de derechos de menores. El Gobierno señala que los casos deben ser remitidos a la comisaría más cercana.
¿Y DESPUÉS DE UNA POSIBLE AGRESIÓN?
La prioridad debe ser proteger al menor, garantizar su atención sanitaria y activar los mecanismos de protección y justicia, evitando que tenga que enfrentarse repetidamente al relato de lo ocurrido.
En junio de 2026, la Fiscalía General del Estado y UNICEF inauguraron en Malabo la primera Oficina de Atención de Menores, Víctimas y Testigos del Delito, concebida para ofrecer un entorno seguro y adaptado a niños y adolescentes y reducir el riesgo de revictimización durante los procedimientos judiciales.
Esto introduce una cuestión especialmente importante: ¿Puede una víctima convertirse también en víctima del propio sistema?
Sí, existe ese riesgo si no se actúa adecuadamente.
Un menor que ha sufrido una posible agresión necesita protección y acompañamiento. No debe ser expuesto públicamente, señalado, culpabilizado ni obligado a repetir innecesariamente su experiencia ante numerosas personas.
La protección debe incluir también su privacidad, dignidad, seguridad y bienestar psicológico.
FAMILIAS, COLEGIOS Y BARRIOS: LA PREVENCIÓN TAMBIÉN ES RESPONSABILIDAD DE TODOS
Aquí aparece otra cuestión que merece un debate nacional: ¿cuántas charlas de prevención reciben realmente nuestros menores?
La educación preventiva debe llegar a colegios, barrios, comunidades y familias.
Los niños y adolescentes necesitan aprender a reconocer situaciones inapropiadas, saber que pueden decir “no”, identificar a adultos de confianza y conocer dónde pedir ayuda.
Pero también deben ser formados los padres, tutores, profesores y responsables comunitarios, porque muchas situaciones de riesgo pueden detectarse antes de que lleguen a convertirse en un caso policial.
El propio Gobierno ya ha desarrollado campañas de sensibilización sobre acoso, violación, abuso sexual y uso de redes sociales, instando a denunciar ante las autoridades cualquier intento de agresión o acoso contra menores.
LA PREGUNTA QUE DEBEMOS HACERNOS
Los dos casos difundidos por Asonga Noticias no deberían servir únicamente para conocer que hubo detenciones.
Deberían llevarnos a preguntarnos:
¿Estamos enseñando a nuestros menores dónde acudir?
¿Saben los padres cuándo deben actuar?
¿Saben los profesores cómo detectar una señal de alarma?
¿Saben los barrios y comunidades a qué autoridad acudir?
Y, sobre todo:
¿Estamos actuando cuando existe una sospecha o esperamos a que aparezca una víctima para comenzar a preocuparnos?
La protección de la infancia no consiste solamente en castigar después del delito. También consiste en prevenir, escuchar, detectar, denunciar y proteger a tiempo.
