Ismael Abeso Mbá Obono Una denuncia de Amnistía Internacional en Ceuta vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿la defensa de los derechos humanos depende del origen de quien los reclama?
Hay noticias que no deberían leerse únicamente como un episodio más de la actualidad migratoria. Algunas obligan a detenerse y formular preguntas.
Las denuncias conocidas este 30 de septiembre sobre presuntos malos tratos y torturas a migrantes en Ceuta, atribuidos por Amnistía Internacional a miembros de las Fuerzas Armadas españolas, pertenecen a esa categoría. La organización afirma haber entrevistado a más de 65 migrantes y solicitantes de asilo durante una visita realizada entre el 10 y el 15 de septiembre, y haber recopilado 22 testimonios directos sobre palizas, humillaciones, acoso y otros abusos.
Uno de los testimonios recogidos resulta especialmente estremecedor: un joven asegura que fue inmovilizado con bridas, introducido en el maletero de un vehículo y posteriormente golpeado antes de ser arrojado por un terraplén. Amnistía Internacional afirma, además, haber constatado marcas y lesiones compatibles con algunos de los relatos.
No corresponde a un medio de comunicación convertir una denuncia en una sentencia. Corresponde investigar. Y precisamente eso es lo que ahora debe ocurrir.
El Ministerio de Defensa español ha anunciado que remitirá el informe de Amnistía Internacional a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta, además de ordenar al Mando de Operaciones investigar y determinar posibles responsabilidades individuales.
Ese paso es importante porque el Estado de derecho exige que las denuncias graves sean investigadas independientemente de quién sea la presunta víctima y de quién sea el presunto responsable.
¿Pero no hablamos del país de los derechos humanos?
España es una democracia constitucional y forma parte del sistema europeo e internacional de protección de los derechos humanos. Precisamente por eso, cuando aparecen acusaciones de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, la respuesta no puede ser el silencio, la indiferencia ni el argumento de que se trata simplemente de migrantes.
Los derechos humanos no tienen nacionalidad.
No son españoles cuando la víctima es europea y dejan de serlo cuando la víctima procede de África. No dependen del color de la piel, de la religión, de la situación administrativa ni de la manera en que una persona haya llegado a un territorio.
Y aquí está, quizás, la cuestión que más debería incomodarnos.
Durante décadas, Europa ha presentado la defensa de los derechos humanos como uno de los pilares de su modelo político y social. Por eso, cuando una organización internacional denuncia posibles abusos cometidos precisamente en territorio europeo y por agentes del propio Estado, la reacción coherente no debería ser buscar excusas, sino exigir que los hechos sean esclarecidos.
No es una cuestión de África contra Europa
Tampoco deberíamos convertir este asunto en una confrontación entre africanos y europeos.
Sería un error.
La cuestión es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más profunda: ¿puede una persona ser maltratada por su condición de migrante?
La respuesta, desde el principio de dignidad humana y desde las obligaciones internacionales asumidas por los Estados, debe ser no.
Amnistía Internacional sostiene que algunos de los hechos denunciados podrían constituir tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La organización también reconoce la complejidad de la situación que afrontan las fuerzas militares y de seguridad en Ceuta, incluidas agresiones sufridas por efectivos y detenciones de migrantes.
Precisamente por ello, investigar es fundamental: para proteger a las personas migrantes frente a posibles abusos y, al mismo tiempo, proteger a los miembros de las Fuerzas Armadas de acusaciones que no puedan demostrarse.
La dignidad humana no puede tener frontera
La frontera de Ceuta separa territorios. No debería separar derechos.
Europa puede proteger sus fronteras. España puede controlar su territorio. Los Estados pueden establecer políticas migratorias y adoptar medidas de seguridad.
Pero ninguna política migratoria debería situar la dignidad humana fuera de la ecuación.
Si las denuncias son falsas, una investigación rigurosa permitirá esclarecerlo.
Si existen responsabilidades individuales, deberán determinarse conforme a la ley.
Y si se confirma la existencia de prácticas sistemáticas de violencia o humillación contra personas migrantes, la respuesta debe ser igualmente clara: no pueden quedar impunes por el simple hecho de que las víctimas sean extranjeras, pobres o estén en situación irregular.
Porque si los derechos humanos solo se defienden cuando resulta políticamente cómodo hacerlo, entonces dejan de ser verdaderamente universales.
FUENTES CONSULTADAS
EFE — Denuncia de Amnistía Internacional sobre migrantes en Ceuta
RTVE — Denuncias de malos tratos y torturas en Ceuta
El País — Defensa remite las denuncias a la Justicia
Nota editorial: las acusaciones recogidas en este artículo corresponden a testimonios e información difundida por Amnistía Internacional y están siendo objeto de investigación; no se presentan como hechos judicialmente establecidos.
