El Vicepresidente de la República, S.E. Nguema Obiang Mangue, ha ordenado el pago inmediato de los salarios atrasados a los trabajadores de la empresa Turbogas, reafirmando el compromiso del Gobierno con la protección de los derechos laborales y la estabilidad social en las empresas públicas estratégicas.
La decisión fue adoptada durante una reunión celebrada este martes en el Palacio del Pueblo de Malabo, en la que participaron varios responsables del aparato del Estado, incluido el Primer Ministro del Gobierno. En dicho encuentro, el Vicepresidente abordó la situación administrativa y financiera de la planta, poniendo especial énfasis en la necesidad de una gestión clara, eficiente y responsable.
Durante su intervención, Nguema Obiang Mangue señaló que la gestión operativa y financiera de Turbogas había sido delegada al Director General de SEGESA, aunque sin una estructura administrativa suficientemente definida, circunstancia que ha generado disfunciones y retrasos en el cumplimiento de las obligaciones salariales.
Por su parte, SEGESA informó que la orden de pago fue recibida el pasado 30 de diciembre, pero que la ejecución se vio retrasada por la falta de determinados elementos administrativos, entre ellos la actualización de las cuentas bancarias del personal afectado.
El Vicepresidente expresó su preocupación por el hecho de que los trabajadores hayan permanecido más de dos meses sin percibir sus salarios, atravesando las festividades navideñas y de Año Nuevo sin sus ingresos, y fue claro al subrayar que los empleados no deben asumir las consecuencias de deficiencias administrativas o de coordinación institucional.
Como medida correctiva y de refuerzo de la responsabilidad pública, S.E. Nguema Obiang Mangue impuso una sanción administrativa al Ministro de Electricidad, consistente en 15 días de haberes con efectos económicos, y ordenó que los salarios pendientes sean abonados esta misma semana, sin más dilaciones.
Con esta actuación, el Vicepresidente de la República vuelve a poner de manifiesto su voluntad de garantizar una gestión pública más rigurosa, velar por el respeto a los derechos de los trabajadores y asegurar el buen funcionamiento de las empresas del Estado, en coherencia con la política de buena gobernanza y justicia social promovida por el Gobierno.