Jose Pilar Abo Las primeras conclusiones del informe preliminar elaborado por la comisión mixta encargada de investigar la situación de las empresas responsables del mantenimiento de edificios ministeriales han generado gran preocupación en el país.
De las más de 600 empresas existentes, las primeras 50 analizadas reflejan un panorama marcado por presuntas irregularidades financieras, evasión fiscal y graves anomalías laborales durante el ejercicio 2025.
Según los datos preliminares difundidos por el Vicepresidente de la República encargado de Defensa y Seguridad del Estado, en su cuenta oficial de X (antes Twitter), estas compañías recibieron más de 7.498 millones de francos CFA procedentes del Estado y declararon gastos cercanos a los 3.579 millones, obteniendo beneficios superiores a los 3.918 millones de francos CFA. No obstante, las mismas empresas acumulan una deuda superior a los 2.424 millones de francos CFA con el Estado en conceptos como INSESO, CMF, FPT, IRPF e ISS, entre otras obligaciones fiscales y sociales.
El punto más alarmante del informe se encuentra en la situación de los trabajadores declarados por dichas compañías. De los 931 empleados registrados, 841 carecen de contratos, nóminas o cualquier documento que acredite oficialmente su relación laboral o la prestación efectiva de servicios. La comisión considera que podría tratarse de empleados “fantasma”, presuntamente utilizados para justificar gastos y encubrir irregularidades administrativas y fiscales.
El Vicepresidente de la República, Teodoro Nguema Obiang Mangue, afirmó que estas prácticas “afectan directamente a las finanzas públicas, perjudican los derechos de los trabajadores y limitan recursos destinados a servicios esenciales y proyectos de desarrollo nacional”.
Ante la gravedad de los hechos, se ha instruido a los departamentos de Hacienda, Tesorería, Trabajo e INSESO para verificar todas las cifras y presentar un informe definitivo el próximo martes. Asimismo, se ha advertido que los responsables deberán reintegrar hasta el último franco adeudado al Estado y asumir las consecuencias legales correspondientes.
La investigación continuará ampliándose al resto de empresas vinculadas al mantenimiento de edificios públicos, en lo que ya comienza a perfilarse como uno de los mayores escándalos administrativos y fiscales detectados en el sector en los últimos años.
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