Ismael Abeso Mbá Obono Los Presupuestos Generales del Estado no deberían entenderse únicamente como un documento de cifras, ingresos, gastos, inversiones y previsiones. Detrás de cada partida presupuestaria existe una decisión sobre las prioridades de un país y, sobre todo, una determinada visión de su futuro.
El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027 llega a la Cámara de los Diputados en un momento especialmente importante para Guinea Ecuatorial. El país afronta una realidad conocida: la producción de hidrocarburos continúa disminuyendo y, con ella, se reduce progresivamente una de las principales fuentes de financiación pública.
El proyecto presentado por el Gobierno contempla unos ingresos y gastos de 1.119.725 millones de francos CFA, con un presupuesto equilibrado. De ese volumen, los ingresos petroleros representarían 813.163 millones, mientras que los ingresos no petroleros alcanzarían 306.563 millones.
La cifra que, a mi juicio, merece especial atención no es solamente el tamaño global del presupuesto, sino la dirección que parece marcar: aumentar progresivamente la capacidad del Estado para obtener recursos de una economía que no dependa exclusivamente de los hidrocarburos.
El verdadero desafío está fuera del petróleo
Durante años, el petróleo permitió financiar grandes infraestructuras y transformar físicamente buena parte del país. Pero una economía sostenible no puede depender indefinidamente de un recurso cuya producción disminuye.
El propio escenario presupuestario refleja esta realidad. Para 2027 se proyecta una contracción del PIB real del 0,8 %, mientras que el sector de hidrocarburos tendría una evolución negativa y la economía no petrolera crecería un 3,7 %.
Aquí aparece la cuestión fundamental: ¿cómo conseguimos que ese crecimiento no petrolero deje de ser una previsión y se convierta en actividad económica real?
Agricultura, pesca, industria, comercio, turismo, logística, servicios, pequeñas y medianas empresas y emprendimiento aparecen como parte de la respuesta planteada en el proyecto.
Pero diversificar no significa simplemente incluir muchos sectores en un documento presupuestario. Diversificar significa producir, transformar, vender, exportar, generar empleo y crear empresas capaces de mantenerse más allá de los programas públicos.
Del Estado constructor al Estado facilitador
Guinea Ecuatorial ha realizado importantes inversiones públicas en infraestructuras. El siguiente desafío consiste en conseguir que esas infraestructuras produzcan actividad económica.
Puertos, aeropuertos, carreteras, instalaciones públicas y otras infraestructuras necesitan empresas, trabajadores, productores, comerciantes y servicios que las utilicen.
Por eso resulta especialmente relevante que el proyecto de 2027 reserve 161.075 millones de francos CFA de inversión pública a sectores no petroleros, frente a 82.950 millones destinados al sector de hidrocarburos.
La inversión pública puede crear las condiciones, pero difícilmente puede sustituir permanentemente al sector privado.
Por ello, medidas como la Ventanilla Única Empresarial, la ampliación del sistema SIDUNEA, la mejora de los procedimientos administrativos, el acceso al crédito y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas deben ser observadas no solo por su formulación jurídica, sino por sus resultados concretos.
El ciudadano debería poder percibirlos en algo sencillo: crear una empresa con menos obstáculos, producir con menos costes, vender con mayor facilidad y contratar trabajadores con mayor estabilidad.
La diversificación también necesita disciplina
Hablar de diversificación económica no significa gastar más. En determinadas circunstancias significa gastar mejor.
El proyecto contempla 875.700 millones de francos CFA de gasto corriente y 244.025 millones de inversión pública.
Esta distribución obliga a preguntarnos permanentemente qué gasto produce valor público y cuál puede ser racionalizado.
La administración pública necesita funcionarios, servicios, mantenimiento y funcionamiento. Pero también necesita planificación, evaluación y responsabilidad en el uso de los recursos.
El presupuesto pertenece al Estado, pero los recursos son públicos. Esa diferencia es fundamental.
Cada franco CFA recaudado procede, directa o indirectamente, de la actividad económica del país. Por eso la eficiencia del gasto no debería considerarse únicamente una cuestión técnica del Ministerio de Hacienda: debería formar parte de la cultura de toda la Administración.
Más ingresos no petroleros, pero también más economía real
El proyecto prevé 306.563 millones de francos CFA de ingresos no petroleros para 2027, frente a los 283.505 millones recaudados en 2025.
Es una señal de la creciente importancia que adquiere la fiscalidad no petrolera.
Pero aquí también debemos formular una reflexión.
Aumentar la recaudación no debería significar únicamente cobrar más a quienes ya cumplen. Debe significar ampliar la base económica y fiscal.
Más empresas formalizadas.
Más producción nacional.
Más comercio registrado.
Más trabajadores incorporados a la economía formal.
Más actividad empresarial.
Más capacidad productiva.
Cuando crece la economía formal, aumenta también la capacidad del Estado para recaudar sin necesidad de aumentar permanentemente la presión sobre los mismos contribuyentes.
Educación y salud: invertir en personas
Otro elemento fundamental es que la transformación económica necesita capital humano.
El proyecto contempla recursos importantes para educación, sanidad y protección social. La educación aparece con una asignación de 126.729 millones de francos CFA y la sanidad con 84.975 millones, según la presentación presupuestaria.
Esto merece una consideración especial: ninguna diversificación económica será sostenible si no está acompañada de una población preparada para participar en ella.
No basta con construir escuelas. Hay que mejorar la calidad educativa.
No basta con construir centros sanitarios. Hay que garantizar profesionales, equipamiento, medicamentos y sistemas de gestión eficaces.
No basta con formar jóvenes. Hay que crear las condiciones para que puedan aplicar sus conocimientos dentro de la economía nacional.
La gran prueba será la ejecución
Y aquí llegamos probablemente al punto más importante.
Un presupuesto puede estar técnicamente bien estructurado. Puede contener buenas previsiones y objetivos ambiciosos. Pero su verdadera valoración solo puede comenzar cuando se ejecuta.
Las propias deliberaciones parlamentarias sobre la liquidación de 2025 y la ejecución del primer semestre de 2026 muestran la importancia del seguimiento. Al 30 de junio de 2026, según los datos presentados ante la Comisión parlamentaria, los ingresos alcanzaron 507.089 millones de francos CFA y los gastos 424.735 millones, con un resultado provisional positivo de 82.354 millones.
La pregunta, por tanto, no debería terminar en cuánto se ha presupuestado.
Hay que preguntar también:
¿Cuánto se ejecutará?
¿Dónde se ejecutará?
¿Con qué resultados?
¿Qué proyectos generarán empleo?
¿Qué inversiones aumentarán la producción nacional?
¿Qué programas mejorarán realmente la vida de los ciudadanos?
Estas preguntas no constituyen una oposición al presupuesto. Son, precisamente, parte del control necesario sobre los recursos públicos.
2027 puede ser un año de transición
El PGE 2027 se presenta en un escenario en el que los hidrocarburos siguen perdiendo peso y el país busca fortalecer otras fuentes de crecimiento.
Por eso, más que interpretar el presupuesto únicamente como una relación de ingresos y gastos, conviene observarlo como una oportunidad para avanzar hacia una economía más diversificada.
El reto es enorme.
Pero también es concreto: conseguir que agricultura, pesca, industria, comercio, turismo, servicios y emprendimiento pasen progresivamente de ser sectores mencionados en los planes a convertirse en verdaderos motores de producción y empleo.
El petróleo puede financiar una transición.
Pero no puede ser la transición
La verdadera transición será aquella en la que Guinea Ecuatorial consiga que su riqueza económica dependa cada vez más de lo que producen, transforman, venden y crean sus ciudadanos y sus empresas.
El presupuesto de 2027 todavía es un proyecto sometido al análisis y debate parlamentario. Precisamente por eso existe ahora una oportunidad para estudiarlo con rigor, discutir sus prioridades, mejorar aquello que corresponda y, sobre todo, establecer mecanismos que permitan medir sus resultados.
Porque al final, un presupuesto no se demuestra con cifras sobre el papel.
Se demuestra en las aulas, en los hospitales, en las empresas, en los campos, en los mercados, en las carreteras, en los puestos de trabajo y en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Ese debería ser el verdadero termómetro del PGE 2027.
