Ismael Abeso Mbá Obono La experiencia de Costa Rica abre un debate que también merece atención en Guinea Ecuatorial: cómo proteger a los ciudadanos, combatir el crimen organizado y garantizar que la ley se aplique sin arbitrariedades.
La inauguración de una prisión de alta seguridad en Costa Rica invita a reflexionar sobre una cuestión esencial para cualquier sociedad: ¿qué debe hacer un Estado cuando la delincuencia amenaza la tranquilidad de sus ciudadanos?
La respuesta comienza por reconocer una realidad: la seguridad ciudadana es una responsabilidad fundamental de las instituciones públicas. Ninguna sociedad puede aspirar a la convivencia si sus ciudadanos viven bajo amenazas, extorsiones, robos o violencia.
Quienes deciden cometer delitos deben asumir las consecuencias legales de sus actos. La impunidad debilita la confianza en las instituciones, perjudica a las víctimas y transmite un mensaje peligroso a quienes consideran que pueden infringir la ley sin responder por ello.
Pero la firmeza contra el delito no debe confundirse con la arbitrariedad. Un Estado demuestra su fortaleza cuando investiga, reúne pruebas, lleva a los responsables ante los tribunales y ejecuta las sentencias conforme a la ley. La justicia pierde legitimidad cuando castiga sin pruebas, permite abusos o trata como culpables a quienes todavía no han sido juzgados.
UNA CÁRCEL NO RESUELVE POR SÍ SOLA EL PROBLEMA
La construcción de una prisión de alta seguridad puede contribuir a controlar a delincuentes peligrosos y dificultar que determinadas organizaciones continúen operando desde el interior de los centros penitenciarios. Sin embargo, los edificios, por sí solos, no eliminan las causas ni todas las manifestaciones de la criminalidad.
Una política de seguridad eficaz necesita investigaciones profesionales, coordinación entre las instituciones, jueces independientes, controles penitenciarios adecuados y atención a las víctimas.
También exige prevención. La educación, las oportunidades laborales, la formación profesional y el acompañamiento de los jóvenes pueden ayudar a reducir los factores que favorecen la incorporación a actividades delictivas.
La experiencia internacional debe estudiarse con seriedad. Los resultados de una política no pueden medirse únicamente por el número de personas encarceladas, sino también por la reducción sostenible del delito, la protección de los ciudadanos y el respeto a las garantías fundamentales.
¿QUÉ DEBE APRENDER GUINEA ECUATORIAL?
La experiencia costarricense ofrece una oportunidad para plantear preguntas relevantes para Guinea Ecuatorial, sin asumir que ambos países afrontan exactamente los mismos desafíos.
¿Se investigan adecuadamente las denuncias? ¿Cuentan las instituciones responsables de la seguridad con los recursos y la formación necesarios? ¿Se protege a las víctimas? ¿Existen mecanismos eficaces para prevenir la reincidencia? ¿Se impide que los centros penitenciarios sean utilizados para mantener actividades criminales?
Estas preguntas merecen respuestas basadas en información, evaluación institucional y resultados concretos.
Guinea Ecuatorial necesita una seguridad que proteja a las personas, fortalezca la confianza pública y garantice que nadie esté por encima de la ley. Para lograrlo, la actuación policial debe ser profesional, la justicia debe aplicar las garantías legales y la administración penitenciaria debe cumplir su función de custodia y rehabilitación conforme al ordenamiento jurídico.
UN MENSAJE CLARO PARA QUIENES ELIGEN DELINQUIR
A quienes creen que pueden vivir del esfuerzo ajeno, amenazar a familias o recurrir a la violencia para conseguir sus objetivos, el mensaje debe ser firme: la libertad no significa impunidad y los derechos no eximen a nadie de responder por sus actos ante la justicia.
La sociedad tiene derecho a defenderse del delito. Las víctimas merecen protección y reparación, y los responsables deben afrontar las consecuencias previstas por la ley.
Pero una sociedad verdaderamente segura no es aquella que únicamente encierra a sus delincuentes. Es aquella que consigue prevenir los delitos, investiga con eficacia, sanciona con justicia y reduce las posibilidades de que la violencia vuelva a repetirse.
La firmeza y el respeto a la ley no son enemigos. Son dos condiciones indispensables para que la seguridad sea legítima y duradera.
La reflexión final es sencilla: el Estado debe ser implacable con la investigación del delito, firme en la aplicación de la ley y absolutamente responsable en la protección de los derechos fundamentales.
